La Cámara de Diputados aprobó con el voto positivo de 147 diputados, el capítulo de la Ley Bases referido a las cuestiones laborales, normativa que incluye una serie de reformas que fueron acordadas con un sector de la oposición, en sintonía con los reclamos de la CGT.
Tras varias idas y vueltas en las últimas semanas, finalmente se votó afirmativamente al dictamen de mayoría, por lo cual se ratificó la eliminación del artículo 98 del borrador inicial del Poder Ejecutivo que establecía penas de seis meses a tres años de prisión a quienes bloqueen empresas.
La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de legisladores como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para los sindicalistas.
También se quitaron los artículos sobre las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y los cambios en el régimen del teletrabajo.
Se eliminó, además, la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas y un artículo que ponía en jaque dos puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo vigente: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno de Milei también accedió a quitar los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que formaban parte del DNU 70. La Ley Bases que se aprobó también propone otros cambios que no fueron objetados por el sindicalismo.
Se trató, en resumen, de la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, de la reducción de ocho a seis meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta cinco trabajadores) y de la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden paritarias una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
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