El procesamiento del ex gobernador es por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades, además la Justicia decidió un embargo por 2,5 millones de pesos.
La denuncia contra el ex gobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda, que trabajaba como su colaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017.
En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
Luego, en diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta, en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.
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