La causa está a cargo del juez Federico Villena.
El procedimiento estuvo atravesado por momentos de extrema tensión, cuando Martínez intentó inicialmente entregar un teléfono celular antiguo y en desuso, y luego aseguró "haber extraviado el dispositivo que utiliza habitualmente".
Sin embargo, un informe técnico incorporado al expediente reveló que "el celular perdido emitió señal en una antena del barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del allanamiento".
Para el magistrado, ese dato refuerza la sospecha de que "el funcionario fue alertado del operativo y destruyó el aparato para ocultar información sensible para la causa".
La investigación tiene su origen en reiteradas denuncias por la pésima calidad de la comida que reciben los detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Peritajes realizados por la ANMAT confirmaron que las viandas contenían niveles de bacterias como Escherichia Coli, Listeria Monocytogenes y Bacillus Cereus incompatibles con el consumo humano.
A raíz de esas pruebas, Villena prohibió en el 2024 que la empresa Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. continuara prestando el servicio.
Según la pesquisa judicial, la firma Biolimp Soluciones de Calidad S.A., que resultó adjudicataria posteriormente, operaba como una empresa pantalla: utilizaba los mismos camiones, los mismos empleados y facturaba montos millonarios a la firma sancionada.
Incluso se detectó que vehículos de Food Rush circulaban con ploteos superpuestos de otra razón social, Q-Chef, que comparte domicilio con Biolimp en Avellaneda.
Una fuente confió a "CNS" que el propio juez Villena llegó a probar las viandas durante una inspección en el penal y al día siguiente "sufrió una descompensación que describió como un cuadro vomitivo".
Según consta en el expediente, el servicio de alimentación factura unos 17.000 pesos por plato.
Con tres comidas diarias para cerca de 2.000 internos, el negocio alcanza los 102 millones de pesos por día y más de 37.000 millones al año, unos 25 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Otro dato que despertó sospechas en la Justicia es que Martínez se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux a nombre de Enrique "Quique" Antequera, uno de los referentes de la feria "Urkupiña" (La Salada) que se encuentra prófugo.
¿UN SOLDADO DE PATO?:
El funcionario había asumido la dirección del SPF en marzo del 2024, designado por la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (ahora actual Senadora de la Nación) en un contexto de traspaso del organismo desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad.
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