40 intendentes defendieron el cobro de la "Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene":

PARA DEFENDER LA CAJA, ESTÁN TODOS JUNTOS:

Varios intendentes defendieron su derecho a fijar la "Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene" a empresas instaladas en sus distritos, recaudación que equivale al 35% de los ingresos totales de los municipios bonaerenses.

Fue en audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia donde, en primer lugar fijaron su posición, una docena de expositores entre "amicus curiae", las partes y especialistas en la materia.

Se trata de un expediente iniciado en el año 2002 por la denuncia que realizó la compañía ESSO Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes a raíz de la aplicación de una tasa en cuestión por dos estaciones de servicio ubicadas en ese distrito.

La empresa consideró que se excedía en sus facultades al pretender cobrarle la tasa tomando en cuenta la base imponible los ingresos brutos que declaraba ante la Provincia.

La tasa en cuestión se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de un recurso de queja interpuesto por la demandante luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la desestimación de la demanda.

Por eso, el Máximo Tribunal tomó cartas en el asunto y la Ministra de la Corte, "Elena Highton de Nolasco", convocó a una audiencia para tratar el caso "ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa".

Lo cierto es que; 40 municipios de todos los signos políticos, se presentaron bajo la figura de "amicus curiae".

Lo que está en juego es la sustentabilidad del sistema municipal pero la cuestión de fondo es respecto de la autonomía municipal, consagrada en la Constitución Nacional pero nunca formulada por la carta magna bonaerense.

En la audiencia participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El juez Carlos Rosenkrantz se ha excusado de intervenir en la causa.

Los oradores principales fueron la empresa Axion; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y su representante legal.

Por un lado estarán los jefes comunales encabezados por:

Jorge Macri y el abogado Antonio Hernández, en representación de los intendentes de San Isidro, Lomas de Zamora, Hurlingham, Lanús, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Carlos Tejedor, Coronel Suárez, General Arenales, General Lavalle, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Lezama, Lincoln, Lobos, Partido de la Costa, Maipú, Mar Chiquita, Olavarría, Pergamino, Pinamar, Rivadavia, Rojas, Saladillo y Trenque Lauquen, todos de Buenos Aires.

También expuso el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que preside el PJ bonaerense.

También se suman la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuya titular es la Kirchnerista Verónica Magario; el Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal; el Centro de Estudios de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y la Asociación Civil de Estudios Constitucionales.

Enfrente tendrán las siguientes organizaciones empresarias: la UIA, la Copal, la CAME y la Unión Industrial bonaerense (Uitba).