EDITORIAL, "La Organización para Vivir Mejor":

Dicen, los que saben, que no se puede tapar el sol con las manos.

Hay numerosas situaciones que rebasan el límite de lo tolerable, y ese límite es la Ley.

Lo público, los romanos hablaban de la res-publica, en la Argentina está regulado por Ley.

La Constitución Nacional, las normas y para el caso de los municipios: "La Carta Orgánica Municipal".

El derecho público impone a los funcionarios públicos cumplir con la normativa que les permite y les prohíbe hacer esto o aquello.

Para que se pueda "hacer" debe haber una NORMA que se los permita.

A la inversa del derecho común, el funcionario no puede hacer lo que no está expresamente permitido.

La teoría de los actos públicos aceptada por el derecho argentino así lo dispone. (Ley de Procedimientos Administrativos).

No hay peor delito que el que ofende la Fe Pública. Su fe, mi fe.

El pueblo debe confiar en que los bienes públicos serán administrados para beneficio de todos.

Entre estos beneficios podemos enumerar algunos:

* Escuelas en condiciones.

* Salarios docentes aceptables.

* Salud pública.

* Seguridad ciudadana.

* Sostenimiento de los subsidios necesarios.

* Desarrollo industrial.

* Investigaciones científicas, etc.

Para eso la Constitución Nacional y las normas vigentes establecen los controles para que los funcionarios no se desvíen de sus funciones.

Por aquello de que "el hombre es bueno pero si lo vigilamos es mejor".

El control de los intendentes pasa por el Concejo Deliberante (HCD).

Los concejales deben denunciar los actos del intendente que vulneren ese interés general en beneficio del propio intendente. Cuando no lo hacen es porque son CÓMPLICES.

El Gobierno de Cambiemos fue votado para que se cumpla con estas premisas básicas.

Sin embargo vemos como políticamente los concejales de ese espacio político son cómplices de los intendentes en permitir actos que se transforman en verdaderos flagelos para el vecino.

Por ejemplo: tasas y contribuciones; no cumplimiento de normas de higiene; inseguridad ciudadana; faltas al código de planeamiento.

Esto termina en más necesidades insatisfechas, menos salud, más inseguridad ciudadana.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires está investigando a muchos intendentes y a muchos concejales que violan las leyes, pero el dinero ya falta de las arcas públicas y los daños fueron ocasionados.

Por eso la comunidad debe organizarse para controlar a ambos.

A los intendentes para que administren los fondos y bienes públicos y a los concejales que no cumplen con el mandato de la Carta Orgánica.

Así de simple y así de contundente.