Están acusados de haber torturado a dos jóvenes que se encontraban detenidos en el 2007.
Se trata del inspector de servicio de la Unidad Residencial II, Rubén Oscar Constantin; el encargado de requisa Jorge Enrique Puppo; el auxiliar de requisa Víctor Darío Salto; los ayudantes de tercera Dante de Jesús González y José Inocencio Porcel; los ayudantes de cuarta Sergio Orlando Butof y Sergio Hernán Giménez y los ayudantes Mauro Daniel Cafferata y Pablo Andrés Jara.
Según informó la Procuración General de la Nación, la detención de los penitenciarios fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina, tras un pedido del fiscal Sergio Mola y de su par de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba.
Por la pena impuesta a esos detenidos cuando eran menores y por no haberse investigado este castigo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había condenado en el 2013 a la República Argentina por considerar que se había incurrido en una grave violación a los derechos humanos.
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