Tras más de diez horas de discusión, la votación resultó en 130 afirmativos, 99 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Martín Lousteau y Carla Carrizo (Suma + UNEN).
Al cerrar el debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, resaltó: "Estamos modernizando un Código que no sirve, no le sirve a nadie. Solo le sirve a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos".
"Si los jueces tardan mas de lo que deben, serán sancionados en el Consejo de la Magistratura", enfatizó Di Tullio, sobre los tiempos máximos establecidos por la ley.
A la vez, aseguró que "es verdad que no es un Código para combatir la inseguridad, porque cuando uno está juzgando, es porque el hecho ya fue cometido".
El texto, que cuenta con 349 artículos, plantea un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, dándole mayor injerencia a los fiscales y dejando en manos de los jueces la garantía de los procesos.
Al inicio del debate, la miembro informante del kirchnerismo, Graciela Giannettasio, aseguró que el actual sistema inquisitivo impone el "peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación, no saber cuándo va a terminar el proceso, no participar de la investigación, no tener oralidad".
Resaltó que el nuevo paradigma pone a la víctima "en el centro de la escena" y "utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales".
Por la oposición, el diputado de la UCR Manuel Garrido advirtió que "lo único que se va a aplicar" cuando comience a regir la nueva ley es "un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo".
El también radical Miguel Giubergia evaluó que "el Código Procesal Penal propuesto por el Gobierno tiene la intención de establecer el camino de la impunidad para muchos de los funcionarios oficialistas".
El legislador del Frente Renovador Oscar "Cachi" Martínez defendió la propuesta alternativa de su bloque y aseguró que "pone énfasis en las víctimas y no en los delincuentes", además de crear un cuerpo de abogados para asistir a los damnificados y la figura del "investigador encubierto".
En respuesta, la kirchnerista Diana Conti sostuvo que el dictamen del FR "no guarda coherencia" y es un proyecto "clasista, del que deben avergonzarse".
A la vez, Conti defendió el nombramiento de personal e indicó que "aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza".
Por el PRO, Laura Alonso recalcó que "la única intencionalidad política" del Gobierno es "proteger a los corruptos".
"Les importa un pito la celeridad del proceso", enfatizó la diputada por la Ciudad.
Pablo Tonelli, en tanto, subrayó que "hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del Ministerio Público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas".
El jefe del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, que "pone la investigación a cargo exclusivo del fiscal y el juzgamiento en manos del juez, separando ambas funciones".
No obstante, el santafesino aseguró que con esta ley "se corre riesgo de que el Ministerio Público Fiscal termine replicando la lógica con la que aún funcionan los juzgados de instrucción".
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Pablo Javkin destacó que "siempre detrás de un funcionario político que se corrompe hay un juez apañado por el poder político o económico".
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