A un año de haber rechazado la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno de La Libertad Avanza accedió a mantener los beneficios de la ley que había vetado en ese momento.
Fue luego del respaldo del Papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad durante su visita histórica a la Argentina.
El proyecto ya había recibido semanas atrás el aval en Diputados, con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
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También, el Senado sancionó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una iniciativa considerada clave para la alianza de Javier Milei con Estados Unidos, y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la vigencia de la Ley de Tierras, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.
El primer proyecto se aprobó por 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.
Hasta ahora, la Argentina era uno de los pocos países de la región que todavía no había adherido a este tratado.
El convenio establece que, una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas.
Por último, el Senado convirtió en Ley por 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En su articulado, incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un mecanismo de "desalojos exprés" para los campos y viviendas usurpadas.
El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno de Milei.
Primero, debió eliminar los cambios en la ley de Tierras y el manejo del Fuego.
Y luego en Diputados, ante el temor de que pudiera derogarse el DNU70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.
De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la Ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.




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