CIENCIA Y UNIVERSIDADES:
El proyecto del Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el sistema científico y las universidades nacionales, dos sectores que ya llegan al próximo ejercicio con dificultades de financiamiento.
Para el sistema científico, las partidas previstas para el CONICET, CONAE, CNEA y la Agencia I+D+i contemplan una actualización en línea con la inflación del 18% proyectada oficialmente para el 2027.
Si esa estimación no se cumple, los recursos perderían poder adquisitivo.
La situación se da luego de que estos organismos todavía no recuperaran la caída registrada desde diciembre del 2023.
La pérdida acumulada de ingresos reales alcanza el 35% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
El escenario planteado para INTA e INTI es todavía más restrictivo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tendrá una reducción nominal del 12,4% en sus partidas, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial afrontará una baja del 5,2%.
Ambos organismos ya atravesaron fuertes recortes presupuestarios y una reducción significativa de sus planteles desde el 2024.
En el INTA, la merma acumulada en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI se acerca al 49%.
DISCAPACIDAD:
La iniciativa busca modificar el régimen de pensiones, cambia el mecanismo de fijación de los aranceles de las prestaciones y propone derogar cuatro artículos de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
En un nuevo ataque al sector, el Gobierno Libertario incluyó en el proyecto de ley del Presupuesto 2027 la modificación del Nomenclador Nacional de Discapacidad.
El artículo 39 del Presupuesto 2027 modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
El artículo 7° bis de la Ley 24.901 es el que establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas.
Es decir que sin importar que obra social o prepaga se tenga, todas deben garantizar las mismas prestaciones y un mismo piso para todas por debajo del cual no podrán pagar a sus prestadoras.
Ahora Milei y Caputo quieren eliminar este punto clave y dejar librada a cada obra social y prepaga la posibilidad de definir por sí misma qué prestaciones ofrecerá y cuáles no y cuánto pagará por cada una de ellas.
Cabe recordar que en el 2024 el Gobierno de Javier Milei aumentó el nomenclador un 99%, contra una inflación que fue del 117%.
Es decir, quedó 18 puntos abajo.
La actualización en los valores del nomenclador a lo largo de todo el 2025 fue del 0% contra una inflación del 31,5%.
El Gobierno Libertario profundizó así el ajuste y congeló las partidas a lo largo de todo el año.
Además, el Presupuesto 2027 propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia.
Entre otros cambios, esto alcanza al régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, a la cobertura médica asociada a esa prestación y al mecanismo previsto para convertir de oficio pensiones otorgadas con anterioridad al nuevo régimen.
También queda alcanzado el artículo que regulaba los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
En su lugar, el proyecto incorpora el nuevo mecanismo de determinación de aranceles, con valores definidos por cada ente obligado y un régimen específico para el Estado Nacional.
AUH:
Otro de los cambios significativos aparece en el régimen de pensiones.
La legislación vigente creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, destinada a personas con discapacidad que cumplan determinados requisitos.
Entre ellos figura acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La norma también establece que los requisitos para acceder a esa protección deben ser determinados por Ley del Congreso de la Nación.
El Presupuesto 2027 propone volver a una pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Ese mismo porcentaje rige actualmente para la pensión por discapacidad, por lo que la diferencia no está en el monto sino en el criterio de acceso y en las condiciones que acompañan al beneficio.
El proyecto del Presupuesto 2027 pone en debate el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares.
El artículo 17 de la iniciativa enviada por el Gobierno Libertario al Congreso propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en el 2015 para establecer la movilidad de estas prestaciones.
La propuesta no contempla una fórmula alternativa para reemplazar el esquema vigente, por lo que, en los hechos, implicaría eliminar el mecanismo de aumento automático.
La modificación impulsada por la administración de Javier Milei todavía no está vigente y deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación.
En caso de que el artículo sea sancionado sin cambios, la AUH tampoco dejaría de existir.
El Ejecutivo conservaría la facultad de fijar los montos y disponer aumentos, aunque ya no tendría la obligación legal de aplicar automáticamente la movilidad establecida por el sistema actual.
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