Todo comenzó cuando Sosa llevó a su hija al Hospital Arturo Illia de Villa Gesell.
La nena ingresó prácticamente sin signos vitales y los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, pero no lograron salvarle la vida.
En un primer momento, la mujer afirmó que "la menor había dejado de respirar mientras tomaba la mamadera".
La versión comenzó a ser revisada por los investigadores después de que la autopsia estableciera la asfixia como causa de muerte.
A partir de ese resultado, el fiscal de la causa ordenó distintas medidas de prueba para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Uno de los elementos que volvió a quedar bajo análisis es el historial familiar de Sosa, antes de radicarse en Villa Gesell, la mujer vivía en Mar del Plata, donde años atrás murieron otros dos hijos en episodios que fueron investigados judicialmente.
En esas causas "fue absuelta al no encontrarse pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal".
Según se informó, Lucía Sosa tuvo seis hijos (tres fallecieron), dos fueron dados en adopción y otro quedó bajo resguardo de la Justicia después de la muerte de Isabella.
También trascendió el testimonio del hermano de Isabella, un nene (de 4 años) que fue apartado del cuidado de sus padres y entrevistado por profesionales luego de quedar bajo protección judicial.
De acuerdo con la información difundida "el menor habría relatado que su madre le decía que no respirase porque el aire le hacía mal y luego le tapaba la boca y la nariz".
La investigación también apunta al entorno de Sosa.
Su ex pareja, Héctor Javier Picart, con quien vivía en Mar del Plata, tiene antecedentes por Violencia de Género y consumo de drogas, actualmente está detenido por otra causa.
Su pareja actual, Daniel Aguirre, padre de los dos hijos más pequeños, se encontraba trabajando al momento de la muerte de Isabella.
El fiscal ordenó además pericias psicológicas y psiquiátricas para Sosa y Aguirre con el objetivo de elaborar perfiles que puedan aportar información al avance de la investigación.
La pareja permanece bajo resguardo policial para evitar posibles incidentes con vecinos y garantizar que ambos continúen a disposición de la Justicia.
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