Villamide fue hallado culpable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A pesar de la condena, no cumplirá una pena de prisión efectiva.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que, tras la avería reportada por el submarino el 15 de noviembre del 2017, no se adoptaron las medidas de seguridad previstas.
Entre ellas, señaló que "no se ordenó continuar la navegación en superficie ni se convocó de inmediato a especialistas para evaluar la situación".
Por su parte, (antes de conocerse el veredicto), Villamide rechazó las acusaciones y aseguró que "nunca le explicaron cuál había sido su responsabilidad en el naufragio".
También afirmó que "el proceso judicial apuntó contra la Armada" y cuestionó "los reglamentos que rigen el comando de las operaciones navales".
"No entiendo por qué me han acusado por el naufragio del submarino, a lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal".
"Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos".
"Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar", enfatizó.
MEMORIA ACTIVA:
Recordemos que el hundimiento del ARA San Juan se produjo bajo la presidencia de Mauricio Macri y fue una de las tragedia recientes que sacudió al país y al mundo.
El submarino desapareció el 15 de noviembre del 2017 con sus 44 tripulantes mientras cumplía una misión de patrullaje en el Atlántico Sur.
La embarcación había partido de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre del 2017 y el 15 de noviembre reportó una avería que derivó en la pérdida de contacto.
Un año después, el casco fue hallado a unos 907 metros de profundidad, donde se confirmó que había sufrido una implosión.
Durante la investigación, la fiscalía sostuvo que "el hundimiento no fue un hecho imprevisible, sino una tragedia que pudo evitarse".
En ese marco, expuso presuntas fallas en la respuesta ante la emergencia y cuestionó las decisiones adoptadas por la cadena de mando.
La instrucción también incorporó informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Inspección General de la Armada que advertían sobre problemas de mantenimiento.
Entre las observaciones figuraban "el deterioro de las baterías y la falta de ingreso del submarino a dique seco", situaciones que, según la acusación, "no fueron corregidas antes de la misión".
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