El fallo de la Sala IV ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 y estableció la recuperación de más de 684.000 millones de pesos.
La resolución consolida el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
La medida alcanza tanto a bienes personales de los condenados como a activos de empresas consideradas instrumentos de la maniobra, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas vinculadas al esquema investigado.
También quedaron incluidos bienes que fueron transferidos por herencia a Máximo y Florencia Kirchner.
El Tribunal sostuvo que "el decomiso puede extenderse a terceros que hayan recibido activos provenientes del delito a título gratuito".
El voto del juez Gustavo Hornos remarcó que el decomiso debe traducirse en una recuperación efectiva.
"Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos", sostuvo.
El magistrado señaló además que "la ejecución resulta necesaria para evitar que la condena quede en una declaración formal".
Indicó que "la recuperación de activos reafirma la vigencia de la ley y el rechazo social a los hechos de corrupción".
El juez Diego Barroetaveña acompañó este criterio y consolidó la mayoría para avanzar con la ejecución del decomiso sobre el conjunto del patrimonio considerado ilícito, incluyendo bienes en poder de terceros.
En disidencia parcial, Mariano Borinsky planteó que "el decomiso debe limitarse a los bienes con vinculación directa comprobada con el delito y propuso excluir los heredados por los hijos de la ex Presidenta".
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