También, el magistrado advirtió sobre un peligro en la demora de carácter superlativo y señaló que "la aplicación de la ley antes de un pronunciamiento definitivo podría generar daños irreparables en millones de relaciones laborales".
En ese marco, justificó "la medida cautelar como una herramienta para preservar el estado de situación actual y evitar consecuencias jurídicas de difícil reversión".
El juez remarcó que "el rol del Poder Judicial es garantizar el respeto a la Constitución incluso frente a leyes sancionadas por el Congreso de la Nación".
"La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho", afirmó, pero aclaró que "ello es válido siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío".
Ojeda sostuvo que "la reforma introduce modificaciones peyorativas y permanentes que afectan principios como la protección contra el despido, la progresividad y la libertad sindical, todos con jerarquía constitucional y respaldo en tratados internacionales".
"En una evaluación preliminar, implican una desprotección del trabajador".
Entre ellos mencionó "la eliminación del principio (in dubio pro operario), la flexibilización de la irrenunciabilidad de derechos y la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo la figura de prestadores independientes para plataformas".
El juez Ojeda validó la legitimación de la CGT para representar a los trabajadores y definió el caso como "una acción de clase", al entender que "los derechos en juego son comunes e indivisibles y trascienden situaciones individuales, alcanzando a todo el sistema laboral argentino".
Otro punto clave es la crítica al Fondo de Asistencia Laboral: el juez advirtió que "este mecanismo no evitaría ni repararía los despidos injustificados" y que "su implementación podría incluso afectar recursos de la seguridad social, además de no garantizar una protección efectiva frente a ceses laborales".
Finalmente, señaló que "permitir la vigencia de la reforma mientras se tramita el caso podría generar un consumo de derechos difícil de revertir y afectar tanto a trabajadores como a empleadores".
Por eso, sostuvo que "la suspensión provisoria es el camino para llegar a la sentencia definitiva en paz social y con mayor certeza jurídica".
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