En términos absolutos, se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año.
Se trata de un quiebre en una tendencia de descenso que, con altibajos, se mantenía desde comienzos de siglo.
En el año 2000, el indicador alcanzaba los 16,6 puntos y, durante el período 2003-2015, se redujo un 42%, acercándose a estándares de países desarrollados.
Las diferencias entre provincias evidencian un mapa de profundas desigualdades.
Corrientes encabezó el ranking con 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7).
Formosa y Santiago del Estero registraron 10,7.
En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presentó la tasa más baja, con 4,9. En cantidad de casos, la provincia de Buenos Aires concentró 1.236 fallecimientos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231).
Solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que en 15 el indicador empeoró.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria subraya que la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para medir las condiciones de vida y el desempeño de las políticas sanitarias, sociales y económicas.
"Su evolución refleja tanto la calidad del sistema de salud como el grado de equidad social y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos", señala el documento.
El aumento se explica casi exclusivamente por la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida.
Este componente pasó de 5,5 en el 2023 a 6 en el 2024 y concentra cerca del 60% del total de fallecimientos infantiles.
Está directamente asociado al acceso a controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
El relevamiento advierte además un debilitamiento de las políticas de salud perinatal durante los últimos dos años, con impacto directo en personas gestantes y bebés.
Entre los retrocesos mencionados figuran el deterioro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión centralizada de medicamentos críticos (como surfactante pulmonar o gammaglobulina anti-RH) y la discontinuidad del Programa de Sueño Seguro.
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