La presentación fue impulsada por Julia Strada, junto a Germán Martínez y Paula Penacca, quienes señalaron "posibles delitos vinculados a la elaboración y difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC)".
Según el escrito, "el Ministro habría ordenado mantener una metodología de cálculo basada en componentes considerados desactualizados, pese a que el organismo estadístico ya había resuelto implementar un nuevo esquema desde comienzos del 2026".
Para los denunciantes, la decisión implicó "una violación de los deberes de funcionario público, además de una presunta vulneración de normas sobre confidencialidad y secreto estadístico".
La denuncia remarca que "el IPC es una variable central para la economía, ya que incide en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, además de ser referencia en negociaciones salariales y contratos públicos y privados".
En ese marco, los legisladores advirtieron "sobre consecuencias sociales, económicas y políticas derivadas de cualquier alteración en la producción de estadísticas oficiales".
El conflicto se intensificó tras la salida de Marco Lavagna del organismo, en medio de cuestionamientos sobre la nueva metodología.
El esquema técnico que se discutía otorga mayor ponderación a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, lo que podría traducirse en variaciones más elevadas del índice.
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