Aunque el proyecto no incluye modificaciones directas sobre la estructura de los sindicatos, sí introduce ajustes en temas sensibles como la administración de las cuotas de afiliación.
El punto más señalado indica que los empleadores podrán actuar como agentes de retención, siempre con la conformidad expresa del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
El texto también establece que cualquiera de las partes podrá dar de baja el acuerdo con una notificación previa de treinta días, lo que genera dudas en la conducción gremial por su impacto en los convenios vigentes.
Desde la CGT plantean que estos cambios podrían alterar la organización del sistema laboral, aun sin tocar de lleno las cajas de los gremios.
Esta lectura, sostienen en la central, fue determinante para avanzar en la convocatoria a la marcha frente a la Casa Rosada.
Paralelamente, la estrategia de la CGT será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso.
También se prevé una movida judicial, ya que se considera algunos puntos como "inconstitucional", como los límites al derecho a huelga.
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