El Tribunal, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, consideró que "hubo participación desde la Presidencia a través de la Secretaría Privada".
Según el análisis, "esa intervención habría influido en el mecanismo por el que distintos organismos públicos contrataban pólizas mediante intermediarios privados".
La Cámara no añadió pruebas nuevas, sino que revisó el fallo de primera instancia y lo dejó tal como estaba.
Esto significa que el ex Presidente queda en una situación procesal que lo habilita a afrontar un juicio oral si el fiscal así lo solicita y el juez lo acepta.
La etapa de instrucción continúa abierta y resta definir si el expediente ya está completo o si requiere más medidas.
Para el público general, el punto central es que un procesamiento firme no equivale a condena.
Ahora, el fiscal deberá evaluar el expediente y resolver si pide la elevación a juicio.
Hasta entonces, pueden presentarse nuevos planteos y pedidos de las defensas, lo que podría extender los tiempos antes de una definición final.



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