Al fundamentar su decisión, Rochon advirtió que "los ingresos de este proyecto digital podrían corresponder al Presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o a algunos impulsores como Hayden Davis, y no al Estado argentino".
Según un documento judicial, los elementos presentados por: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluían artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio.
No obstante, la magistrada consideró que "todo ese material no era suficiente para demostrar que los fondos de $LIBRA fueran propiedad del Estado".
En sus palabras: "las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Davis", quien habría retenido parte de las ganancias con el eventual propósito de invertirlas en la economía argentina".
En una resolución de 33 páginas, la jueza federal Rochon también mencionó "las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien sugirió que el Estado podría reclamar el decomiso de los fondos si se probara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios".
Sin embargo, la jueza aclaró que mantenía reservas sobre la validez de esa teoría y subrayó que "las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos".
Rochon agregó que "aunque existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el círculo cercano de Milei, los tribunales estadounidenses no eran el foro adecuado para investigarlos".
"Los mecanismos más apropiados serían la justicia argentina o la inglesa", explicó.
Por eso, denegó la solicitud y aclaró que "la sección 1782 del Código de EE.UU., que regula la cooperación judicial internacional, no puede servir para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas".
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