Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).
El Gobierno de Javier Milei recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma.
La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y el Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El Ejecutivo adujo la suspensión de la aplicación de la legislación por el supuesto impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
En ese sentido, estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.
A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI).
La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI).
En total, la implementación de la Ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI (según el Gobierno Libertario).
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