La intervención fue encabezada por el Departamento de Investigaciones contra la Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y tuvo como resultado el cierre de siete talleres textiles clandestinos y la detención de nueve personas acusadas de integrar una red mafiosa.
Las víctimas, entre las que había mujeres, hombres, niños y niñas, eran obligadas a trabajar en jornadas extenuantes, sin acceso a derechos laborales ni libertad de movimiento.
No poseían documentación personal y vivían bajo condiciones de encierro, sin poder salir de los lugares donde trabajaban y dormían.
Uno de los aspectos más crudos revelados por el procedimiento fue la utilización del sistema conocido como "Cama Caliente", donde los trabajadores se turnaban para dormir en las mismas camas, que nunca quedaban desocupadas.
Mientras algunos descansaban unas horas, otros tomaban su lugar en la línea de producción.
Esta práctica extrema evidencia la magnitud de la precarización y la deshumanización a la que eran sometidos.
El operativo, que según fuentes oficiales se desarrolló en una zona del Conurbano que operaba como liberada, fue resultado de un trabajo de inteligencia, seguimiento e información brindada por denuncias ciudadanas.
Tras la intervención, las víctimas fueron puestas bajo resguardo y recibieron asistencia integral por parte de equipos interdisciplinarios del Estado Nacional.
El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Buenos Aires, en los que se encontraron condiciones estructurales precarias, instalaciones eléctricas peligrosas y nula higiene.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que los imputó por delitos vinculados a la trata de personas y la reducción a la servidumbre.
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