A través de un comunicado oficial, la cartera de Justicia defendió la decisión:
"Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas".
"Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional".
"Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década", aunque justificó el aplazamiento como una respuesta a las objeciones planteadas por los fiscales:
"No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses".
"La decisión busca remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata".
El nuevo sistema supone una modificación profunda del esquema procesal: fortalece el rol de los fiscales, quienes asumen la dirección de la investigación penal, mientras que los jueces pasan a ser garantes de los derechos de las partes y del cumplimiento del debido proceso.
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