FUERTE POLÉMICA EN LA SOCIEDAD ARGENTINA:
El Gobierno del Presidente Javier Milei aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina mediante el Decreto 383/2025, en el marco de un ambicioso proceso de reforma institucional que redefine la misión de la fuerza y lanza un programa integral de modernización.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un cambio profundo en el rol operativo de la Policía Federal, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos (como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito), dejando atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana, en especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los ejes principales del nuevo Estatuto figuran la modernización de la estructura orgánica, la incorporación de tecnologías forenses y sistemas de información, un programa de formación para profesionales universitarios y la implementación de protocolos de última generación para la investigación criminal.
Además, el Decreto crea el "Programa Presupuestario Modernización de la Policía Federal Argentina", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que será financiado parcialmente con la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales.
El Ejecutivo también habilitó a la cartera que dirige Patricia Bullrich a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos.
Cabe señalar que, a partir de ahora, la fuerza podrá investigar no sólo a solicitud de la Justicia sino también al Ministerio de Seguridad.
Por último, según la normativa, la fuerza de seguridad ahora quedará dividida en dos departamentos principales.
Uno de ellos es el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).
Ambos contarán también con superintendencias y direcciones generales orientadas a distintas áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.
La norma deroga el Decreto-Ley N° 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con los nuevos objetivos de la institución.
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