El documento enfatiza que "los adolescentes aún se encuentran en una etapa de desarrollo cognitivo y psicológico que limita su capacidad para tomar decisiones con juicio crítico".
Por ello, "la Iglesia considera que encarcelar a menores de 13 años no es una solución efectiva y podría contravenir los estándares internacionales de derechos humanos".
Además, la Iglesia subraya que "los menores no son los principales responsables de los delitos en el país".
Según datos oficiales, los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan un porcentaje muy bajo del total de delitos en Argentina.
En lugar de reducir la edad de imputabilidad, la Iglesia propone "un enfoque integral que incluya políticas de inclusión social, educación, fortalecimiento familiar y programas de prevención".
También aboga "por un régimen penal juvenil que promueva la reinserción y el desarrollo de los menores, sin recurrir al encarcelamiento como primera medida".
La posición de la Iglesia se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF y la ONU, que sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo así los derechos de los menores y fomentando su desarrollo integral.
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