Privación ilegítima de la libertad, uso indebido de subsidios y abandono estructural de personas vulnerables.
Lo que sucede en Gualeguaychú no es un hecho aislado ni una falla puntual del sistema.
Es un entramado de poder, corrupción y silencio que involucra a sectores de la justicia, del sistema de salud y de los gobiernos municipal y provincial.
Personas con discapacidad, patologías psiquiátricas o en situación de vulnerabilidad han sido privadas ilegítimamente de su libertad, encerradas en centros sin habilitación, sometidas a maltratos físicos, aislamiento y abandono, mientras sus documentos y subsidios estatales eran utilizados sin control, y con aparente aval judicial.
Centros clandestinos: el negocio del encierro con complicidad institucional.
El área de salud mental de Gualeguaychú, dependiente de la provincia de Entre Ríos, ha derivado pacientes a instituciones sin habilitación, donde personas sin preparación, con antecedentes penales o incluso en situación de adicciones han quedado a cargo de la salud y la vida de los internados.
Centros clandestinos: el negocio del encierro con complicidad institucional.
El área de salud mental de Gualeguaychú, dependiente de la provincia de Entre Ríos, ha derivado pacientes a instituciones sin habilitación, donde personas sin preparación, con antecedentes penales o incluso en situación de adicciones han quedado a cargo de la salud y la vida de los internados.
Se han presentado informes falsificados, encubrimientos sistemáticos y un abandono total de los deberes que exige la ley.
Por su parte, el municipio ha omitido intervenir a pesar de conocer el funcionamiento de estos lugares, permitiendo que funcionen sin regulación ni control.
Por su parte, el municipio ha omitido intervenir a pesar de conocer el funcionamiento de estos lugares, permitiendo que funcionen sin regulación ni control.
Lo más grave es que se han otorgado subsidios municipales utilizando los documentos de personas vulnerables, cuyos beneficios no llegaban a los verdaderos destinatarios.
¿Desde dónde se hacen las designaciones institucionales?.
¿Desde dónde se hacen las designaciones institucionales?.
¿Qué defensor oficial designa sin informar a los juzgados correspondientes?.
¿Se modifica documentación?.
¿Se utilizan sellos sin autorización?.
¿Quién autoriza el uso de esos datos personales?.
La justicia, lejos de proteger: designa defensores sin autorización ni competencia.
Se ha comprobado que se han designado defensores oficiales sin notificación a las familias ni intervención del juzgado correspondiente, incluso en jurisdicciones ajenas (como CABA).
La justicia, lejos de proteger: designa defensores sin autorización ni competencia.
Se ha comprobado que se han designado defensores oficiales sin notificación a las familias ni intervención del juzgado correspondiente, incluso en jurisdicciones ajenas (como CABA).
Esto no es solo una irregularidad administrativa, sino una grave vulneración de derechos, avalada por una justicia local que archiva expedientes, rechaza pruebas y protege a los responsables.
El juez de Familia N°2 de Gualeguaychú, Héctor Vasallo, cuya esposa es concejal del oficialismo local, ha sido señalado por frenar causas sensibles.
El juez de Familia N°2 de Gualeguaychú, Héctor Vasallo, cuya esposa es concejal del oficialismo local, ha sido señalado por frenar causas sensibles.
Los expedientes que comprometen al municipio o al gobierno provincial simplemente desaparecen o son desviados con maniobras jurídicas que violan el acceso a la verdad.
Una ciudad hermosa secuestrada por estructuras de poder:
Gualeguaychú no es su dirigencia. Es su pueblo.
Una ciudad hermosa secuestrada por estructuras de poder:
Gualeguaychú no es su dirigencia. Es su pueblo.
Es la gente buena, los profesionales con vocación, las familias que luchan por cuidar a sus seres queridos.
Pero hoy, la ciudad está sometida a un sistema manejado por cuatro o cinco apellidos que concentran poder político, económico y judicial, protegiendo negocios disfrazados de asistencia.
Exigimos intervención nacional e internacional inmediata y efectiva:
Gracias a la presión social y mediática, ya ha intervenido el Juzgado Federal y se han elevado denuncias a Procuración General.
Exigimos intervención nacional e internacional inmediata y efectiva:
Gracias a la presión social y mediática, ya ha intervenido el Juzgado Federal y se han elevado denuncias a Procuración General.
Sin embargo, la respuesta se detuvo.
Hoy se requiere una intervención firme del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y del INADI, así como una revisión inmediata del sistema judicial en Entre Ríos.
Además, se eleva el caso ante:
*Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
*Organización de Naciones Unidas (ONU).
*Amnistía Internacional.
*Human Rights Watch.
Y se suman los siguientes puntos clave a investigar:
*Designación irregular de defensores oficiales.
*Manipulación y uso indebido de documentación personal.
Pedimos que se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la República Argentina.
Instituciones de bien público y defensa de Derechos Humanos que respaldan esta presentación:
● Ministerio Catedral Roca a las Naciones
Personería Jurídica N° 2865 – Resolución N° 199 – Constancia de Inscripción N° 6442.
● Fundación Creciendo Juntos
● Ciudadanos Unidos por la Comunidad
Personería Jurídica N° 3630.
● Ministerio Apostólico Gente de Fe
Registro N° 5435 – Capellán Jorge Alberto Pappolla
Reconocimiento nacional e internacional.
Estas entidades trabajan activamente en prevención de adicciones, contención familiar, defensa de los Derechos Humanos y acompañamiento a ciudadanos en riesgo social.
Esto no es política partidaria.
Además, se eleva el caso ante:
*Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
*Organización de Naciones Unidas (ONU).
*Amnistía Internacional.
*Human Rights Watch.
Y se suman los siguientes puntos clave a investigar:
*Designación irregular de defensores oficiales.
*Manipulación y uso indebido de documentación personal.
Pedimos que se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la República Argentina.
Instituciones de bien público y defensa de Derechos Humanos que respaldan esta presentación:
● Ministerio Catedral Roca a las Naciones
Personería Jurídica N° 2865 – Resolución N° 199 – Constancia de Inscripción N° 6442.
● Fundación Creciendo Juntos
● Ciudadanos Unidos por la Comunidad
Personería Jurídica N° 3630.
● Ministerio Apostólico Gente de Fe
Registro N° 5435 – Capellán Jorge Alberto Pappolla
Reconocimiento nacional e internacional.
Estas entidades trabajan activamente en prevención de adicciones, contención familiar, defensa de los Derechos Humanos y acompañamiento a ciudadanos en riesgo social.
Esto no es política partidaria.
Es un grito de justicia.
Y si el Estado argentino no responde, será el mundo quien deba actuar.
NOTA, gentileza de "Mercedes Kravies" representante legal de Organismo Internacional en defensa de los DDHH y cumplimiento de los tratados internacionales CNU.
NOTA, gentileza de "Mercedes Kravies" representante legal de Organismo Internacional en defensa de los DDHH y cumplimiento de los tratados internacionales CNU.
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