La causa surge luego de que varias figuras públicas, incluidos los hermanos Milei, promovieran públicamente el token $LIBRA, lo que habría generado expectativas de inversión en miles de personas.
Sin embargo (tiempo después), el proyecto colapsó, y muchos denunciaron haber perdido importantes sumas de dinero.
El abogado "Nicolás Oszust", que representa a alrededor de 25 damnificados, exige una compensación de aproximadamente 4,5 millones de dólares.
También fueron convocados el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los empresarios cripto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
La instancia de mediación es obligatoria antes de iniciar una demanda formal, según el procedimiento civil argentino.
A pesar de tratarse de un caso civil, la causa también avanza en el fuero penal, bajo la órbita del Juzgado Federal de "María Servini", en Comodoro Py.
Allí se investiga si hubo maniobras fraudulentas, y se han solicitado medidas como el "congelamiento de bienes y el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los acusados".
El caso genera fuertes repercusiones en el ámbito político, ya que involucra directamente al Presidente de la Nación y a miembros clave de su círculo íntimo.
Aunque desde el Gobierno no han emitido declaraciones oficiales sobre la citación, la resolución de la mediación podría marcar un punto clave en el desarrollo judicial del escándalo cripto.
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