Fue por 61 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones en general.
En particular, la oposición logró blindar algunos artículos sensibles para el Gobierno Nacional con dos tercios como, por ejemplo, el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales.
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
A su vez, dispone que "la ANSES garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".
También instruye a la institución a que "cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional", como así también "con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".
Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
EL COSTO POLÍTICO:
La imagen negativa del Presidente sigue creciendo día a día.
Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto.
El Jefe de Estado calificó como "degenerados fiscales a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto".
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