En la tercera jornada de debate en el plenario de comisiones del Congreso de la Nación, los secretarios de Educación, Carlos Torrendell, y Cultura, Leonardo Cifelli, explicaron a legisladores oficialistas y opositores asuntos de su competencia incluidos en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Torrendell ratificó que "el Gobierno Nacional no tiene pensado utilizar el sistema de vouchers", pese a que durante la campaña electoral Milei se refirió en varias ocasiones a ese formato educativo.
"No hay ninguna política encaminada hacia el sistema de voucher".
"Tampoco el sistema de financiamiento actual, simplemente porque nosotros financiemos la oferta, resulta justo y equitativo", declaró el funcionario.
También negó que "el paquete de medidas contemple el crecimiento del denominado homeschooling, metodología que permite a padres y tutores educar en casa a los menores a su cargo".
El secretario expuso que "la creencia de que existe una dicotomía de financiación entre la formación estatal y privada es equívoca y que realmente el problema tiene que ver con los orígenes sociales de los que asisten a las escuelas".
"Todo este asunto se debe a la estratificación social que se da en el sistema educativo argentino" y, ante las críticas recibidas por parte de los legisladores opositores a, Torrendell espetó:
"Vayamos a China y a Cuba para ver qué hacen con la evaluación y los exámenes".
Por otro lado, y en la ronda de respuestas a los diputados, el funcionario afirmó que "no hay ninguna intención relacionada con la atacar la estabilidad de la docencia" sino, dijo que, "acompañar el desarrollo profesional de los docentes".
"Los docentes quieren capacitación. La vocación docente siempre implica vocación por el aprendizaje y no va a haber ninguna norma que implique terminar con eso".
En otra de las comparecencias del día, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo De la Torre, debió responder a las consultas sobre la modificación de la "Ley Micaela", que en el 2019 estableció la capacitación obligatoria en género y violencia machista para los funcionarios públicos, que pretende el proyecto legislativo del Ejecutivo.
"Aunque es noble, no ha dado resultado, ya que tenemos más muertes que antes", indicó De la Torre, quien agregó que "el proyecto del Gobierno no deroga ninguna ley de protección integral contra la violencia de la mujer".
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