La CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el territorio ocupado de Ucrania, señaló la CPI, que considera que hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.
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