Se trata de 190 hectáreas ubicadas a 20 minutos de la Gobernación y a 30 cuadras del centro de la capital bonaerense.
La toma comenzó semanas antes del inicio de la Pandemia del Coronavirus, en febrero del 2020.
En menos de un año se construyeron más de 3 mil viviendas precarias, sobre terrenos de alto riesgo hídrico, es decir, en áreas inundables.
En la resolución el juez entendió que "al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones".
"La propiedad en cuestión se trataba de un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas (tales como candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras) sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo", aseguró.
El fallo también resalta que "para que la ocupación sea delito la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad".
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