HAY QUE RESPETAR LA CUARENTENA:
El procedimiento fue realizado en el country club El Venado, situado en Sargento Cabral al 1.800.
Policías llegaron en varias patrullas al lugar y constataron la presencia de al menos un empleado, cuyo rol en el lugar se encontraba bajo investigación.
"Se constató que había al menos una persona trabajando en la administración", indicaron fuentes policiales citadas por el sitio del diario La Unión, de Lomas de Zamora.
El allanamiento fue ordenado por el titular del Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, y durante el mismo se secuestraron varios elementos de la oficina del barrio privado para constatar la actividad del empleado.
Según denunciaron vecinos del predio, las actividades administrativas en el mismo se desarrollaban en forma normal, inclusive los fines de semana, con un total de cuatro empleados que se rotaban.
Propietarios de viviendas del barrio cerrado aseguraron que los empleados le transmitieron que eran "obligados a trabajar bajo amenaza de despido".
La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, que intentaba determinar la veracidad de las denuncias y la eventual responsabilidad de los miembros de la administración del predio.
Policías llegaron en varias patrullas al lugar y constataron la presencia de al menos un empleado, cuyo rol en el lugar se encontraba bajo investigación.
"Se constató que había al menos una persona trabajando en la administración", indicaron fuentes policiales citadas por el sitio del diario La Unión, de Lomas de Zamora.
El allanamiento fue ordenado por el titular del Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, y durante el mismo se secuestraron varios elementos de la oficina del barrio privado para constatar la actividad del empleado.
Según denunciaron vecinos del predio, las actividades administrativas en el mismo se desarrollaban en forma normal, inclusive los fines de semana, con un total de cuatro empleados que se rotaban.
Propietarios de viviendas del barrio cerrado aseguraron que los empleados le transmitieron que eran "obligados a trabajar bajo amenaza de despido".
La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, que intentaba determinar la veracidad de las denuncias y la eventual responsabilidad de los miembros de la administración del predio.
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