CÁMARA FEDERAL PORTEÑA:
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia declararon la nulidad de los procesamientos dictados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento y ordenaron al juez Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación tomando en cuenta las hipótesis de soborno y fraude al Estado.
Cabe destacar que en primera instancia, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había dictado el procesamiento por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios de Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López.
En sintonía, Martínez De Giorgi había dictado la falta de mérito de los principales empresarios involucrados en el proyecto, entre ellos Ángelo Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge Rodríguez.
La investigación fue orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el último Gobierno Kirchnerista.
Los camaristas argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de FUNDAMENTOS.
Cabe destacar que en primera instancia, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había dictado el procesamiento por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios de Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López.
En sintonía, Martínez De Giorgi había dictado la falta de mérito de los principales empresarios involucrados en el proyecto, entre ellos Ángelo Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge Rodríguez.
La investigación fue orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el último Gobierno Kirchnerista.
Los camaristas argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de FUNDAMENTOS.
Los jueces remarcaron que se procesó a los entonces funcionarios por haber tenido incidencia en esa adjudicación irregular pero "no así a los particulares beneficiados".
"El hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en favor de determinados empresarios", remarcaron.
Según el fallo de Martínez De Giorgi "la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo".
Según el fallo de Martínez De Giorgi "la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo".
En base a este panorama "hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó", advirtieron Irurzun y Bruglia.
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