PANORAMA MUY COMPLICADO:
El ex Gobernador y diputado de Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, complicó su situación procesal luego que el fiscal Alvaro Garganta anunció que pedirá en julio elevar a juicio oral y público la "megacausa" de las "cajas políticas" de su gestión en la provincia entre 2007 y 2015.
Esta causa está dividida en 9 casos en la mayoría de los cuales Scioli ya fue indagado y es más que voluminosa: consta de 63 cuerpos y 293 expedientes con documentos.
Los delitos que se le imputan a Scioli van desde asociación ilícita y fraude al Estado hasta tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De ser eventualmente condenado en alguna, recibirá seguramente una condena de prisión efectiva, según estimaron las fuentes.
La investigación se inició hace casi dos años por una denuncia de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto.
Si Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, su segundo Walter Carbone (conocido por el dragón de chapa con una caja fuerte que tenía en su casa del country Abril ), su ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella y más de 40 ex funcionarios y empresarios no ponen reparos jurídicos, el juicio oral podría comenzar antes de fin de año.
En cambio, si comienzan a pedir sobreseimientos y otras medidas podrían lograr que la jueza de garantías Marcela Garmendia deba retrasar el inicio.
La megacausa está dividida en una causa principal por la entrega de facturas truchas en gastos de la gobernación, Aguas Bonaerenses, Lotería, Puerto de La Plata, IOMA, gastos mal rendidos de la Jefatura de Gabinete, obra pública, secretaría general de la Gobernación y Dirección de Cultura.
Aunque la jueza dispuso investigar todos los hechos en conjunto, puede ser que casos como el del ex titular de Lotería Luis “Chiche” Peluso, quien apareció comprometido en operaciones financieras sospechosas según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Mientras espera ese plazo para la elevación a juicio, Scioli y su ex ministro de Salud provincial Alejandro Collia fueron citados a prestar indagatoria ante Garganta el 3 de mayo por la supuesta adjudicación irregular para la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) por 189 millones de pesos.
Tanto Scioli como Collia están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta indagará, también, en mayo al empresario Ricardo Miller, acusado de partícipe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; y a varios ex funcionarios bonaerenses.
Miller es el mismo que le "compró un predio millonario" cerca de su casa Villa La Ñata en el Tigre.
Las 9 UPA fueron otorgadas a la empresa Miller Building International SA.
Como el código procesal bonaerense es diferente al nacional, Scioli ya está (en términos nacionales) procesado y la declaración es un acto de defensa.
La adjudicación de las UPA a esa empresa se concretó "con motivo de la relación personal y comercial que el ex Gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Miller), y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol", dijo Garganta en una resolución.
Para el procesamiento "se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex Gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas". Además de las sociedades que conformaban, Garganta valoró también que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario.
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