Más de 70 efectivos de la Policía Bonaerense fueron desafectados por la Auditoría General de Asuntos Internos, en el marco de una megacausa en la que también están imputados otros 50 agentes retirados de la fuerza, acusados por la usurpación de departamentos del Instituto de la Vivienda construidos en un barrio social de Ezpeleta, delito por el cual, además, fueron procesados la presidenta de una cooperativa y cuatro ex uniformados de la Comisaría 6ta. de Quilmes, quienes habrían conformado una asociación ilícita para facilitar la apropiación de unas 400 unidades habitacionales.
Las propiedades en cuestión pertenecen al complejo Lomas de Quilmes, situado en Esquel 1399, de Ezpeleta, donde hay seis torres (las 6, 7, 10, 11, 12 y 13), cuyas obras habían sido abandonadas por el Estado, que fueron ocupadas de manera irregular en el año 2014.
Luego de tres años de investigaciones, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentó un expediente ante el Ministerio de Seguridad, en el que figuran vinculados a los departamentos usurpados gran cantidad de miembros activos y retirados de la Policía Bonaerense.
"La Fiscalía certificó de manera contundente que los imputados figuran como titulares de servicios contratados en los departamentos usurpados. Por eso, tomé la decisión de desafectar a quienes están implicados mientras avance la investigación", explicó a DIARIO POPULAR Guillermo Berra, titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.
Asimismo, el funcionario señaló que ayer por la mañana se presentaron ante su dependencia 25 de los agentes acusados, que "presentaron escrituras de las propiedades" y, al mismo tiempo, "denunciaron el accionar de la cooperativa", identificada con el nombre ?Barrio de Vivienda y Consumo Lomas de Quilmes'.
"La investigación va a continuar. Existe la sospecha de que esas escrituras fueron otorgadas de modo irregular por el Instituto de la Vivienda, por intermedio de maniobras fraudulentas impulsadas desde la cooperativa", aseguró Berra, al tiempo que agregó: "Si se demuestra que los dominios son legítimos, los policías serán afectados nuevamente. Es simplemente una medida preventiva a los efectos de avanzar con la investigación".
Según trascendió, la mayoría de los policías implicados son de Quilmes y, en menor medida, de Lomas de Zamora, aunque en la lista también figura el nombre de un comisario que presta servicios en La Plata.
LA GRAN ESTAFA:
El barrio social Lomas de Quilmes surgió por una iniciativa del Instituto de la Vivienda en la década del 90, para otorgar departamentos a miembros de diferentes fuerzas de seguridad. El proyecto original contemplaba la construcción de 13 edificios, de los cuales 5 fueron culminados y adjudicados legalmente. En tanto, otras 7 torres fueron abandonadas y durante años se registraron varios intentos de toma que fueron desarticulados.
En febrero de 2014, la ex policía Mabel Juárez creó la Cooperativa Barrio de Vivienda y Consumo Lomas de Quilmes, a la que fue sumando socios "bajo la promesa de que tendrían prioridad para ser adjudicatarios de departamentos", explicó a este medio el fiscal Leonardo Sarra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Quilmes, desde donde también se investiga el caso.
"El 22 de septiembre de ese año Juárez convocó a una asamblea con los socios de la cooperativa y otras personas ajenas a ella, a quienes les repartió los departamentos sin terminar, con complicidad de efectivos de la Comisaría 6ta. de Ezpeleta que tenían a su cargo la custodia de las torres, para, justamente, evitar las tomas ilegales", detalló Sarra, quien remarcó que la ex agente de la Bonaerense "cobró ese día 30 mil pesos a las familias que no eran socias" para permitirles ingresar a una vivienda, mientras que "los socios ya venían abonando 100 pesos por mes".
Por estos hechos, Juárez está procesada por el delito de "estafa", a la vez que cuatro efectivos de la consigna de custodia bajo los cargos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en una causa que ya fue elevada a juicio en los Tribunales de Quilmes.
"El 22 de septiembre de ese año Juárez convocó a una asamblea con los socios de la cooperativa y otras personas ajenas a ella, a quienes les repartió los departamentos sin terminar, con complicidad de efectivos de la Comisaría 6ta. de Ezpeleta que tenían a su cargo la custodia de las torres, para, justamente, evitar las tomas ilegales", detalló Sarra, quien remarcó que la ex agente de la Bonaerense "cobró ese día 30 mil pesos a las familias que no eran socias" para permitirles ingresar a una vivienda, mientras que "los socios ya venían abonando 100 pesos por mes".
Por estos hechos, Juárez está procesada por el delito de "estafa", a la vez que cuatro efectivos de la consigna de custodia bajo los cargos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en una causa que ya fue elevada a juicio en los Tribunales de Quilmes.
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