En su momento, la detención de Adriana, causó mucha indignación en la opinión pública y diferentes protestas en la puerta de la fiscalía de Ezeiza.
Adriana Funaro, cultivadora de cannabis para uso personal y medicinal que se encontraba en prisión domiciliaria desde febrero último, fue informada que será finalmente liberada.
La Cámara Número 3 de Lomas de Zamora resolvió dictar la falta de mérito y sostuvo que su actividad no afecta la Salud Pública.
El allanamiento a su vivienda fue efectuado el 20 de febrero en Ezeiza, y tras pasar tres días presa en la comisaría de Luis Guillón, el juzgado dictó la prisión domiciliaria.
El allanamiento a su vivienda fue efectuado el 20 de febrero en Ezeiza, y tras pasar tres días presa en la comisaría de Luis Guillón, el juzgado dictó la prisión domiciliaria.
El día del operativo la policía secuestró 36 plantas, semillas y goteros con aceite para uso medicinal que Adriana usaba para paliar los dolores que sufre a causa de una artrosis en su rodilla y que brinda también a otros usuarios con diferentes patologías.
La defensa de Funaro, a cargo de María Victoria Paunero, solicitó el cambio de carátula y la excarcelación pero el juez de garantías, Horacio Hryb, no solo denegó el pedido sino que dictó la prisión preventiva, que Adriana cumplió de forma domiciliaria durante más de un mes en la casa de su hija.
Tras revisar la postura del juez Hryb, los camaristas dictaron la falta de mérito en la causa contra Adriana y en su fallo declaró que en su caso el cultivo y la tenencia de cannabis no representan una amenaza para la Salud Pública.
"Aún no pudimos acceder a la resolución completa de la Cámara, con lo cual no sabemos si la investigación puede o no seguir avanzando", explicó la abogada defensora, aclarando que no debe confundirse falta de mérito con sobreseimiento.
"Lo que hay que destacar es que la Cámara sostuvo que la falta de mérito no se da por falta de pruebas contra Adriana, sino porque lo que ella hace no es un delito", detalló la Dra. Paunero, quien a su vez destacó que se trata de "un precedente sumamente importante para casos similares en la provincia de Buenos Aires" y que "se trató de un gran desafío, el de luchar por el derecho a la salud".
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