El dictamen con el pedido de medidas de prueba fue presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral para que se requiera toda la documentación sobre el proceso de licitación en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, y las comunicaciones que existieron entre los funcionarios y quienes representan los intereses de la firma española TAF.
La denuncia fue realizada por un abogado, Santiago Dupuy de Lome para investigar la contratación de la empresa española TAF bajo la modalidad de "legítimo abono", una suerte de contratación directa, en base a una nota de noviembre pasado dirigida por la jefatura de gabinete de Ambiente al apoderado de la firma Air Energy Services, soporte local de TAF Helicopters LT.
Según se explicó la misma cayó formalmente el 20 de diciembre, a través de la resolución 564, publicada después en el Boletín Oficial.
Días antes de la contratación, el Ministerio ya había desestimado la oferta presentada por la UTE Habock, integrada por TAF Helicopters, Coyotair y Rotorsun, entre otras empresas, porque no cumplían con las especificaciones técnicas, de acuerdo a la denuncia.
Entonces se pide investigar las irregularidades, ya que una empresa que no cumplía con los requisitos de la licitación, fue contratada de manera directa.
En su momento, desde el ministerio dijeron que la contratación fue apurada para contratar en emergencia ante el comienzo de la temporada de verano.
El fiscal Delgado solicitó además que se pida información societaria a la Inspección General de Justicia y documentación sobre la empresa a la ANAC.
"Resulta necesario evaluar la estructura administrativa de estos procesos a través de personas que tengan suficiente conocimiento sobre el punto, para desentrañar si existieron irregularidades que permitan afirmar que existió una contratación direccionada y que para eso fue desechado la licitación pública que estaba en curso", dijo el fiscal en su dictamen.
Se propuso para ello la intervención de "la Asociación del personal de los organismos de control de la República Argentina (APOC)".
