El Gobierno busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue vedette en las últimas campañas.
Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.
Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada.
Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada.
En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal, confirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Esa mesa, coordinada por un representante del Poder Ejecutivo, estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.
Esa mesa, coordinada por un representante del Poder Ejecutivo, estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.
Allí se tendrán en cuenta los testimonios que dejaron el año pasado representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias en diversas jornadas de debate organizadas por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.
En principio, más allá de que la comisión de especialistas estará encargada de emitir un dictamen y hacer su propuesta, la intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
En búsqueda de consenso, para contener a los sectores más garantistas, se analiza la posibilidad de establecer penas diferentes aún para los casos más graves.
En principio, más allá de que la comisión de especialistas estará encargada de emitir un dictamen y hacer su propuesta, la intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
En búsqueda de consenso, para contener a los sectores más garantistas, se analiza la posibilidad de establecer penas diferentes aún para los casos más graves.
Algo que reclamaron, por ejemplo, especialistas de Unicef.
