El expediente busca determinar si Kirchner, fallecido en 2010 por un paro cardiorrespiratorio, y la expresidenta (2007-2015) Fernández, así como sus hijos Florencia y Máximo, resultaron beneficiarios en forma sistemática y coordinada de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública favorecidos por el Estado se habrían realizado a favor de ellos.
Sin embargo, en esta causa la Justicia todavía no ha determinado si la expresidenta o sus hijos deben ser citados a declaración indagatoria.
Es así que la UIF solicitó a Ercolini que ordene "tasar e inhibir los bienes en sucesión" de Kirchner y que se les designe un administrador judicial hasta que se defina la situación de su viuda e hijos.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de entonces de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
