Por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal de justicia del país dispusieron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de los aumentos establecidos por el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, aunque ordena mantener la tarifa social.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti coincidieron además en especificar que la audiencia pública es un requisito obligatorio antes de avanzar en un nuevo esquema tarifario.
El Centro de Información Judicial (CIJ), en su resumen del fallo, indicó que para los jueces la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas y que el fundamento de ello es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información y la ley 24076 aplicable al caso.
La información, debate y decisión fundada son partes del proceso de la decisión que se adopta en el momento. Por esta razón no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia, señalaron los jueces, de acuerdo al comunicado del CIJ.
Los magistrados también le advirtieron al Congreso de la Nación que es necesario cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que se encuentra vacante desde 2009.
La decisión judicial significa un duro golpe para el gobierno de Mauricio Macri, quien insistió una y otra vez en que el freno del tarifazo implicará, por el aumento de los subsidios, un aumento del déficit fiscal.
Para el oficialismo, este bache en las cuentas públicas debería ser cubierto con mayor deuda pública o con emisión monetaria, a la cual identifican como causal de la inflación.
