El gobierno de María Eugenia Vidal decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas -en su formato integral- que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario.
Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.
Vidal modificó el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.
El gobierno de Vidal decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.
Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral.
Vidal modificó el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.
El gobierno de Vidal decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.
Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral.
La primera, de libre acceso para periodistas y ciudadanos, consigna la valuación de los bienes que integran el patrimonio, pero sin dar precisiones de, por ejemplo, la localización de esos activos.
La segunda, integral, incluye esas precisiones, pero queda a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.
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