Doloroso recuerdo de aquel diciembre sangriento.
El ex secretario de Seguridad Interior de la Alianza Enrique Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión y el ex jefe de la Policía Federal Jorge Santos quedó sentenciado a cuatro años, al ser hallados responsables de los crímenes ocurridos en la zona de la Plaza de Mayo que precedieron la caída del presidente Fernando De la Rua el 19 y 20 de diciembre del 2001.
También hubo penas de hasta seis años de cárcel para un grupo de siete policías de distinto rango, mientras otros ocho agentes fueron considerados inocentes (seis por absolución y dos por prescripción).
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 6 de esta capital, en una audiencia llena de tensión después de más de dos años de debate oral y donde los familiares de los querellantes insultaron a los acusados y golpearon el vidrio detrás del cual escucharon la sentencia.
Para Mathov y Santos la Fiscalía había pedido cinco años de cárcel, pero los jueces condenaron a cuatro años y nueve meses a Mathov y a cuatro años a Santos, por los homicidios Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna y decenas de lesionados graves.
Fueron en definitiva los responsables políticos de aquella revuelta, el ex presidente Fernando De la Rúa había sido imputado en la causa, pero fue sobreseído en un fallo confirmado por la Corte Suprema en el 2015.
Las penas más altas, en tanto, fueron para los policías Carlos José López, que recibió seis años de cárcel, y Roberto Emilio Juárez, a quien se le impartió una condena de cuatro años y medio.
Ambos fueron encontrados responsables del homicidio en agresión de Alberto Márquez, asesinado a metros del Obelisco, y las lesiones sufridas por Martín Galli y Paula Simonetti, ambos baleados.
Además fueron condenados a tres años y seis meses de prisión Norberto Gaudiero, ex Director General de Operaciones de la Federal, y a tres años Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza.
En tanto, el Tribunal condenó a tres años de prisión a los policías Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante y Ariel Firpo Castro (en este caso en suspenso) y se consideró prescripta la acusación para Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte, por lo que los sobreseyó.
Por último, se dispuso la absolución de seis de los policías acusados: Orlando Juan Oliverio, Mario Andrés Seia, Eugenio Figueroa, Sebastián Leonardo Saporitti y Horacio Bautista Berardi.
En tanto, el Tribunal condenó a tres años de prisión a los policías Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante y Ariel Firpo Castro (en este caso en suspenso) y se consideró prescripta la acusación para Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte, por lo que los sobreseyó.
Por último, se dispuso la absolución de seis de los policías acusados: Orlando Juan Oliverio, Mario Andrés Seia, Eugenio Figueroa, Sebastián Leonardo Saporitti y Horacio Bautista Berardi.
Desde febrero del 2014 los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín analizaron los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001 que precedieron la caída del gobierno de De la Rúa y que provocaron las muertes de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna y Ariel Benedetto, ocurridos en las inmediaciones de la Casa Rosada y el Congreso.
La Fiscalía pidió entre 2 y 16 años de prisión para los 17 imputados y puntualmente solicitó cinco años de cárcel para Mathov y Santos.
De traje gris, Mathov lucía una tupida barba canosa, diferente a la imagen de los tiempos en los que ocupaba su cargo en el Gobierno de De la Rúa, mientras que Santos, con lentes y un traje marrón, esperó el veredicto tomándose la barbilla y mirando hacia varios lados.
La audiencia de la sala AMIA, donde se sustanció el debate, estaba repleta de periodistas y familiares de los querellantes, mientras que, en silencio, también aguardaban el resultado los parientes de algunos de los 17 acusados.
Mathov y Santos estuvieron presos entre marzo y junio del 2012.
Por ahora la condena no está firme, ya que después de la lectura de los fundamentos (prevista para el 4 de agosto próximo) las partes podrán apelar a la Cámara Nacional de Casación Penal.
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