El 9 de abril, el proyecto había sido aprobado por Diputados.
La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO y el peronismo disidente.
En tanto, votó en contra la centroizquierda conformada por SUR-GEN (Fernando Solanas) y el Frente Cívico de Córdoba (Norma Morandini).
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, estuvo presente durante los discursos de los últimos oradores y al momento de la votación.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y declara de “Interés Público Nacional” y “objetivo prioritario de la República Argentina” a la “política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”.
También busca la “renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria” y la “incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización”.
El texto, que consta de 21 artículos, otorga al Estado la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional", con potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías”.
Se establece, además, la "modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional" para la operación de los servicios de carga, de modo que "cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién detente la titularidad o tenencia de las instalaciones (en esos puntos de carga o destino)".
La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO y el peronismo disidente.
En tanto, votó en contra la centroizquierda conformada por SUR-GEN (Fernando Solanas) y el Frente Cívico de Córdoba (Norma Morandini).
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, estuvo presente durante los discursos de los últimos oradores y al momento de la votación.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y declara de “Interés Público Nacional” y “objetivo prioritario de la República Argentina” a la “política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”.
También busca la “renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria” y la “incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización”.
El texto, que consta de 21 artículos, otorga al Estado la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional", con potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías”.
Se establece, además, la "modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional" para la operación de los servicios de carga, de modo que "cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién detente la titularidad o tenencia de las instalaciones (en esos puntos de carga o destino)".
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