Con aval del oficialismo y la oposición, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó ayer con el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el Código Penal para sancionar con penas de hasta ocho años de cárcel a los policías que abandonan sus funciones.
De esta forma, el texto, que ya fue aprobado en la Cámara alta, quedó en condiciones de llegar al recinto, algo que podría suceder en la sesión prevista para hoy.
Según coincidieron legisladores del Frente para la Victoria, la UCR y la Coalición Cívica, el objetivo es enviar "un mensaje" a la sociedad y a las fuerzas de seguridad, para evitar que se repitan episodios como los ocurridos en diciembre del año pasado, cuando policías de todo el país iniciaron protestas y huelgas, lo que derivó en una ola de saqueos.
La diputada de Unión PRO y presidenta de Legislación Penal, Patricia Bullrich, aseguró que "lo peor que le puede pasar a la sociedad es estar en un estado de abandono total" y sostuvo que la intención con la propuesta es dar "una señal clara ante las cosas que sucedieron el año pasado".
No obstante, se expresó a favor de crear "canales de diálogo" entre la Policía y el Estado, para que se puedan atender los reclamos de la fuerza. "Este Gobierno, el que viene, el que fue, puede vivir una situación de crisis democrática muy profunda", sostuvo Bullrich, al recordar las protestas policiales del año pasado.
El proyecto, presentado en el Senado por el oficialista Aníbal Fernández, introduce modificaciones al artículo 252 del Código Penal, que contempla castigos para los funcionarios públicos que abandonen sus tareas y para los militares que desertan en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe.
La iniciativa agrega en las sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, que "abandonasen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiesen la prestación regular de su función".
Según establece la propuesta de Fernández, se castigará con una "pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos" si como consecuencia del abandono de las tareas se "produjeran daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros".
Durante la discusión en comisión, el diputado de la Coalición Cívica, Pablo Javkin, cuestionó el proyecto por "omisiones e inconsistencias técnicas", aunque acompañó el dictamen con disidencia parcial.
"Cuando hablan de malicia, dejan un grado de subjetividad", se quejó el santafesino y también se expresó a favor de debatir "la sindicalización" de las fuerzas de seguridad.
En la misma línea, el radical Manuel Garrido acompañó el despacho de mayoría en disidencia, al señalar que "las condenas que establece el proyecto no se condicen con el Código Penal".
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