La flamante ley contempla un Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP) que apunta a la prevención mediante la acción directa del Estado; a asegurar la asistencia integral y gratuita, y a disponer herramientas laborales y educativas adecuadas para la contención social de los afectados.
La presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, Silvia Elías de Pérez (UCR) encabezó una férrea defensa del proyecto al sostener que se trata del “primer paso para que esto sea una política de Estado”.
La senadora aclaró que la norma no sólo refiere a “drogas lícitas o ilícitas”, sino también “al alcohol, al tabaco, a los alimentos, las nuevas tecnologías y las compras”, entre otros tipos de adicciones.
Elías de Pérez explicó que en primer lugar, la ley refiere a la prevención, a través de “la creación de centros comunitarios a lo largo del país, que no solamente van a recibir a quienes realicen una consulta, sino que van a tener que salir a la búsqueda de ellos, con un trabajo de campo”.
Por otra parte, indicó que en lo relativo a la asistencia, los tratamientos “se incorporan al programa Médico Obligatorio (PMO), para que todas las obras sociales den cobertura a los casos de consumos problemáticos”. “Eso garantiza que sea una cobertura universal y gratuita”, agregó.
Por último, señaló que una tercera parte de la ley tiene que ver con la “reinserción social” del adicto, que “el Estado debe acompañar”.
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