La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para el ex Presidente "Rafael Correa", por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.
La Jueza Nacional "Daniella Camacho" dictó la medida cautelar ratificando así la solicitud que hizo la Fiscal General del Estado, "Diana Salazar", y al considerar dijo que:
"La prisión será legal, constitucional y convencional y por tanto no arbitraria".
Salazar investiga una trama denominada "Sobornos 2012-2016" (antes "Arroz verde"), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos ex colaboradores, directos o indirectos, del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta el 2017.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta el 2017.
En el caso del ex mandatario, Camacho consideró que "la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo del 2017".
Y recordó que Correa tiene una orden de captura por "violación de medidas cautelares" en el caso de intento de secuestro en Colombia, en el 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.
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